“La radiodifusión pública constituye uno de los
intentos más serios por llevar adelante una redistribución más igualitaria de
los intercambios simbólicos y su justificación radica, por un lado, en su
superioridad para ofrecer a todos los ciudadanos, cualquiera sea su
localización geográfica, igual posibilidad de acceso a una amplia gama de
entretenimiento, información y educación de alta calidad y, por otro, en la
posibilidad que otorga al programador de satisfacer los diversos gustos de la
audiencia y no sólo aquellos que proporcionan los mayores beneficios”
(Garnham, 1990)
En la actualidad, los medios públicos de
comunicación se encuentran amenazados por diversos factores que ponen en
peligro su supervivencia frente a los grandes depredadores, los grupos
mediáticos, y las cadenas privadas. Los medios públicos tienen como objetivo
garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, por parte de todos los ciudadanos; y de expresión, de los grupos representativos españoles.
Si, finalmente, el sistema sigue como hasta ahora y continúan perdiendo terreno
frente a las cadenas privadas, se verán perjudicados todos los contenidos
audiovisuales que no produzcan rentabilidad económica, desapareciendo
totalmente del panorama. De esta forma, se perderán muchos valores democráticos relacionados con
la educación y formación a través de los medios y se imposibilitará la
representación de los intereses de las minorías.
Con la intención de entender de una manera
más global el concepto de servicio público de los medios estatales nos
remontaremos a los inicios de esta idea. En Europa, la noción de servicio
público tuvo sus orígenes en la Revolución Francesa, con la consecuente
otorgación de derechos políticos a la ciudadanía y la responsabilidad del
Estado de garantizar el derecho de los habitantes a ciertos servicios considerados
esenciales. El concepto de servicio público se refiere a una serie de supuestos
acerca de los objetivos, obligaciones y derechos que deberían mantener.
La mayoría de los autores coinciden en que
existieron tres principios organizadores de los servicios públicos: Igualdad/Universalidad (la política pública debe garantizar al
conjunto de la ciudadanía la disponibilidad de los servicios en igualdad de
condiciones), Continuidad (el Estado debe garantizar la prestación
de este servicio esencial de forma constante) y Cambio (aspecto relacionado con la necesaria actualización,
con la intención de garantizar un servicio público adaptado a las
circunstancias políticas y sociales vigentes).
Existió un cuarto criterio para la regulación de los servicios públicos que
resultó ser el más polémico, el principio de indivisibilidad que establece el monopolio del prestador del servicio.
Este concepto surgió con el propósito de alcanzar una mayor rentabilidad para
esta prestación pública y se alcanzó gracias a la existencia de una única red
de distribución en vez de varias en competencia. Este ‘monopolio natural’ que
denominan los economistas, se transformó en Europa en los años 80 debido a los
cambios políticos y la digitalización de las redes.
Aún así, en la mayor parte de los casos, los servicios de comunicación
públicos quedaron en manos del Estado; aunque hay que destacar, que el concepto
de servicio público no implica la obligatoriedad de la propiedad estatal. Éste
simplemente debe garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos y
fijar las condiciones necesarias para que los mismos se desarrollen, mientras
que pueden ser operadas por prestadores privados.
En la década de los 80, Europa vivió una
crisis del modelo de radiodifusión pública, tras abolirse el privilegio de
monopolio del que disfrutaron los servicios públicos durante 60 años. Los
medios privados, concebidos como empresas que buscan únicamente la rentabilidad
económica, comenzaron a posicionarse como seria competencia, amenazando la legitimidad
de este servicio público de comunicación.
El principal problema se está presentando
en los últimos años, tiempo en el que Europa está atravesando la mayor crisis
económica de su historia. La radiodifusión pública, al igual que otros tantos
servicios financiados por el poder estatal, se ha visto perjudicada por esta
recesión, produciéndose un desmejoramiento de los contenidos y de la calidad de
las informaciones.
Concretamente en España, cada vez más, el
sensacionalismo y el morbo desbancan los programas culturales y pedagógicos,
invadiendo la programación de los canales públicos y minando la posibilidad de
creación de nuevas plataformas televisivas basadas en valores comunicacionales
democráticos como el pluralismo, la imparcialidad y la objetividad
periodística.
Sin embargo, no es menos peligroso, que
los canales pertenecientes al sistema público de comunicación se empleen, cada
vez más, como portavoces del poder, dominados y manipulados por los partidos
políticos. En la Constitución Española está reflejada la obligatoriedad de los
medios de comunicación públicos (radio, televisión y Agencia EFE) de garantizar
el derecho democrático de acceso de todos los ciudadanos españoles a una
información plural, veraz y rigurosa. Y, es que, resulta indignante que los
partidos políticos supediten sus intereses a una institución de tal
trascendencia sociocultural como es la radiotelevisión pública (RTVE) o a la
cuarta agencia informativa del mundo (EFE), porque de ambos organismos depende
la formación de la opinión pública española y el futuro de la democracia.
“Las respectivas funciones que en un sistema
democrático corresponden a un partido político y a una televisión pública son
de naturaleza esencialmente distinta. La primera función de un partido político
consiste en intentar convencer a los ciudadanos de que la opción política que
representa es la mejor de las opciones posibles. Una televisión pública tiene
exactamente la función contraria: no la de influir sobre la opinión en un
sentido partidista, no la de decantar las voluntades, o los votos, en un determinado
sentido, sino, por el contrario, la de mantener abierto y libre el permanente
proceso de formación de la voluntad popular. Siendo ello así, si es un partido
político el que dirige o controla una televisión pública, ésta pierde, lisa y
llanamente, su razón de ser”
(José Juan González Encinar, Catedrático de Derecho Democrático)
En este sentido, ya es hora de que las
demandas que desde organizaciones académicas, profesionales, sindicales y
ciudadanas exigen la independencia de los medios públicos frente al partidismo,
sean escuchadas y atendidas por los dirigentes políticos y de esta forma poner
freno al deterioro que se está produciendo del servicio público de comunicación
plural, objetiva y veraz.
La tendencia mercadocéntrica de la actual
política de comunicación, está aumentando las dificultades de participación y
presencia ciudadana en los medios públicos, mientras que debería ser al
contrario. El concepto de medio público de radiodifusión implica la creación de
soportes radiofónicos y audiovisuales cuyos objetivos sean los de reflejar la
diversidad de la cultura nacional, fomentar el conocimiento como base del
desarrollo social y político, ofrecer programación de calidad al conjunto de la
población y servir a los intereses de las minorías, entre otros.
En este sentido, existen numerosas leyes y
tratados europeos que legitiman la importancia de la radiotelevisión pública
para las democracias del continente. Pero, ¿de qué sirve legalizar los informes
si en la práctica no constituyen una garantía? Según la Federación de
Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Estatuto de 1980 de RTVE, ley que declara la radiotelevisión como
“servicio público esencial” reservando su titularidad al Estado, no especifica
la razón de su constitución ni regula las funciones de RTVE, solo las menciona
en el preámbulo. Sí establece unos principios generales como base de su
actividad, tales como objetividad, veracidad, igualdad, pluralismo político,
respeto al honor y a la intimidad, protección de la infancia y la juventud… Sin
embargo, tal y como asegura esta organización de periodistas, estos principios “constituyen más un resumen de los valores
deontológicos de toda la profesión periodística que una guía de lo que se debe
hacer con los medios públicos” (FeSP, 2003).
¿Dónde queda el pluralismo y la
objetividad en la programación actual de los medios públicos? ¿Qué contenidos
atienden las necesidades de la población española? ¿Cuáles representan a las
minorías?
El futuro de la radiodifusión pública
dependerá en gran medida de la capacidad de los responsables de los medios
públicos para adaptarse a la transición hacia el sistema digital y saber
aprovechar la nueva plataforma para combinar contenidos generalistas que
“informen, eduquen y entretengan” con informaciones especializadas que
representen y den cabida a los intereses de las minorías. De ser usado correctamente y contar con la
estrategia adecuada, Internet puede ofrecer nuevas oportunidades para
garantizar la necesaria actividad de los servicios públicos.
“Internet tiene la posibilidad de
expandir cuestiones constitutivas de una esfera pública democrática como son la
transparencia y la interactividad de los ciudadanos y sus representantes. Y en
dicha tarea los medios públicos pueden tener un rol destacado”.
(Arriaza Ibarra y Nord)
