viernes, 28 de diciembre de 2012

La privatización de los medios públicos, un atentado contra la democracia



“La radiodifusión pública constituye uno de los intentos más serios por llevar adelante una redistribución más igualitaria de los intercambios simbólicos y su justificación radica, por un lado, en su superioridad para ofrecer a todos los ciudadanos, cualquiera sea su localización geográfica, igual posibilidad de acceso a una amplia gama de entretenimiento, información y educación de alta calidad y, por otro, en la posibilidad que otorga al programador de satisfacer los diversos gustos de la audiencia y no sólo aquellos que proporcionan los mayores beneficios”

 (Garnham, 1990)

En la actualidad, los medios públicos de comunicación se encuentran amenazados por diversos factores que ponen en peligro su supervivencia frente a los grandes depredadores, los grupos mediáticos, y las cadenas privadas. Los medios públicos tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, por parte de todos los ciudadanos; y de expresión, de los grupos representativos españoles. Si, finalmente, el sistema sigue como hasta ahora y continúan perdiendo terreno frente a las cadenas privadas, se verán perjudicados todos los contenidos audiovisuales que no produzcan rentabilidad económica, desapareciendo totalmente del panorama. De esta forma, se  perderán muchos valores democráticos relacionados con la educación y formación a través de los medios y se imposibilitará la representación de los intereses de las minorías.     

Con la intención de entender de una manera más global el concepto de servicio público de los medios estatales nos remontaremos a los inicios de esta idea. En Europa, la noción de servicio público tuvo sus orígenes en la Revolución Francesa, con la consecuente otorgación de derechos políticos a la ciudadanía y la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los habitantes a ciertos servicios considerados esenciales. El concepto de servicio público se refiere a una serie de supuestos acerca de los objetivos, obligaciones y derechos que deberían mantener.

La mayoría de los autores coinciden en que existieron tres principios organizadores de los servicios públicos: Igualdad/Universalidad (la política pública debe garantizar al conjunto de la ciudadanía la disponibilidad de los servicios en igualdad de condiciones), Continuidad (el Estado debe garantizar la prestación de este servicio esencial de forma constante) y Cambio (aspecto relacionado con la necesaria actualización, con la intención de garantizar un servicio público adaptado a las circunstancias políticas y sociales vigentes).

Existió un cuarto criterio para la regulación de los servicios públicos que resultó ser el más polémico, el principio de indivisibilidad que establece el monopolio del prestador del servicio. Este concepto surgió con el propósito de alcanzar una mayor rentabilidad para esta prestación pública y se alcanzó gracias a la existencia de una única red de distribución en vez de varias en competencia. Este ‘monopolio natural’ que denominan los economistas, se transformó en Europa en los años 80 debido a los cambios políticos y la digitalización de las redes.

Aún así, en la mayor parte de los casos, los servicios de comunicación públicos quedaron en manos del Estado; aunque hay que destacar, que el concepto de servicio público no implica la obligatoriedad de la propiedad estatal. Éste simplemente debe garantizar la prestación de los servicios a los ciudadanos y fijar las condiciones necesarias para que los mismos se desarrollen, mientras que pueden ser operadas por prestadores privados.

En la década de los 80, Europa vivió una crisis del modelo de radiodifusión pública, tras abolirse el privilegio de monopolio del que disfrutaron los servicios públicos durante 60 años. Los medios privados, concebidos como empresas que buscan únicamente la rentabilidad económica, comenzaron a posicionarse como seria competencia, amenazando la legitimidad de este servicio público de comunicación.

El principal problema se está presentando en los últimos años, tiempo en el que Europa está atravesando la mayor crisis económica de su historia. La radiodifusión pública, al igual que otros tantos servicios financiados por el poder estatal, se ha visto perjudicada por esta recesión, produciéndose un desmejoramiento de los contenidos y de la calidad de las informaciones.

Concretamente en España, cada vez más, el sensacionalismo y el morbo desbancan los programas culturales y pedagógicos, invadiendo la programación de los canales públicos y minando la posibilidad de creación de nuevas plataformas televisivas basadas en valores comunicacionales democráticos como el pluralismo, la imparcialidad y la objetividad periodística.

Sin embargo, no es menos peligroso, que los canales pertenecientes al sistema público de comunicación se empleen, cada vez más, como portavoces del poder, dominados y manipulados por los partidos políticos. En la Constitución Española está reflejada la obligatoriedad de los medios de comunicación públicos (radio, televisión y Agencia EFE) de garantizar el derecho democrático de acceso de todos los ciudadanos españoles a una información plural, veraz y rigurosa. Y, es que, resulta indignante que los partidos políticos supediten sus intereses a una institución de tal trascendencia sociocultural como es la radiotelevisión pública (RTVE) o a la cuarta agencia informativa del mundo (EFE), porque de ambos organismos depende la formación de la opinión pública española y el futuro de la democracia.


Las respectivas funciones que en un sistema democrático corresponden a un partido político y a una televisión pública son de naturaleza esencialmente distinta. La primera función de un partido político consiste en intentar convencer a los ciudadanos de que la opción política que representa es la mejor de las opciones posibles. Una televisión pública tiene exactamente la función contraria: no la de influir sobre la opinión en un sentido partidista, no la de decantar las voluntades, o los votos, en un determinado sentido, sino, por el contrario, la de mantener abierto y libre el permanente proceso de formación de la voluntad popular. Siendo ello así, si es un partido político el que dirige o controla una televisión pública, ésta pierde, lisa y llanamente, su razón de ser”

                      (José Juan González Encinar, Catedrático de Derecho Democrático)

En este sentido, ya es hora de que las demandas que desde organizaciones académicas, profesionales, sindicales y ciudadanas exigen la independencia de los medios públicos frente al partidismo, sean escuchadas y atendidas por los dirigentes políticos y de esta forma poner freno al deterioro que se está produciendo del servicio público de comunicación plural, objetiva y veraz.   

La tendencia mercadocéntrica de la actual política de comunicación, está aumentando las dificultades de participación y presencia ciudadana en los medios públicos, mientras que debería ser al contrario. El concepto de medio público de radiodifusión implica la creación de soportes radiofónicos y audiovisuales cuyos objetivos sean los de reflejar la diversidad de la cultura nacional, fomentar el conocimiento como base del desarrollo social y político, ofrecer programación de calidad al conjunto de la población y servir a los intereses de las minorías, entre otros.

En este sentido, existen numerosas leyes y tratados europeos que legitiman la importancia de la radiotelevisión pública para las democracias del continente. Pero, ¿de qué sirve legalizar los informes si en la práctica no constituyen una garantía? Según la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Estatuto de 1980 de RTVE, ley que declara la radiotelevisión como “servicio público esencial” reservando su titularidad al Estado, no especifica la razón de su constitución ni regula las funciones de RTVE, solo las menciona en el preámbulo. Sí establece unos principios generales como base de su actividad, tales como objetividad, veracidad, igualdad, pluralismo político, respeto al honor y a la intimidad, protección de la infancia y la juventud… Sin embargo, tal y como asegura esta organización de periodistas, estos principios “constituyen más un resumen de los valores deontológicos de toda la profesión periodística que una guía de lo que se debe hacer con los medios públicos” (FeSP, 2003).

¿Dónde queda el pluralismo y la objetividad en la programación actual de los medios públicos? ¿Qué contenidos atienden las necesidades de la población española? ¿Cuáles representan a las minorías?

El futuro de la radiodifusión pública dependerá en gran medida de la capacidad de los responsables de los medios públicos para adaptarse a la transición hacia el sistema digital y saber aprovechar la nueva plataforma para combinar contenidos generalistas que “informen, eduquen y entretengan” con informaciones especializadas que representen y den cabida a los intereses de las minorías. De ser usado correctamente y contar con la estrategia adecuada, Internet puede ofrecer nuevas oportunidades para garantizar la necesaria actividad de los servicios públicos.

 “Internet tiene la posibilidad de expandir cuestiones constitutivas de una esfera pública democrática como son la transparencia y la interactividad de los ciudadanos y sus representantes. Y en dicha tarea los medios públicos pueden tener un rol destacado”.
(Arriaza Ibarra y Nord)


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